HISTORIA DE EL SALVADOR

Friday 25 march 5 25 /03 /Mar 23:28

EL MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO EN EL MARCO DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

 

INTRODUCCIÓN

El Mercado Común Centroamericano tiene una historia integracionista de aproximadamente cincuenta años. Este bloque económico y político, renueva sus  objetivos la década de los sesenta y se presenta al mundo como una verdadera estrategia desarrollo regional para enfrentar los desafíos de la globalización y afirmar su identidad Internacional, de manera pacífica y sin las dificultades de autonomía política, vivida por la región en el período de la guerra fría.

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

“La idea de integración y unificación política y económica de Centroamérica tiene raíces profundas. En este sentido los países centroamericanos, han tenido en cuenta que la integración solamente podría estar asentada con bases firmes, bajo la creación de intereses económicos, que dieran nacimiento a un proceso de establecimiento de situaciones trascendentes e irreversibles”1.

En los antecedentes históricos de la integración centroamericana, tuvo gran relevancia el aspecto político, aún no ha prosperado, como los idealistas esperaban que ocurriera.

La unión centroamericana, ha estado ligada al federalismo. Pero el federalismo, fue a través de la historia su enemigo fundamental. Con relación a los órganos integradores políticos y económicos, que tuvieron

lugar en el istmo centroamericano, se debe tener presente: La Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) creada a través de la Carta de San Salvador en 1951 y sustituida por la Carta de San Salvador de 1962. Se puede decir que la

ODECA estaba orientada, al fomento de la cooperación política, la cual pasaba por la vía del acercamiento de las economías de los países que la integraban. 1 Kinoskita, Fernando página Web: W W W. Ámbito- Jurídico. com

 

La ODECA, que según la Doctrina era inspirada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la Organización de los Estados Americanos (OEA), tenía propósitos más políticos que económicos. Entre ellos:

1) Fortalecer los lazos mutuos.

2) Celebrar consultas y mantener relaciones fraternales en Centroamérica.

3) Evitar malentendidos y solucionar pacíficamente las controversias

4) Prestarse mutuamente asistencia.

5) Buscar solución conjunta a los problemas mutuos.

6) Promover, mediante la acción común, el desarrollo económico, social y

cultural.

La doctrina anota que ODECA, tuvo un éxito relativo, pero señala, que le faltaba precisión en sus objetivos y competencias, y además consideró parcamente el

aspecto económico. El 13 de diciembre de 1960, se estableció el Mercado Común Centroamericano, (MCCA) en virtud de la firma del Tratado General de Integración Económica

 

Centroamericana, el cual constituye la Carta fundamental que rige este sistema de integración regional. El MCCA, entró en vigencia el 04 de junio del año 1961, y está integrado por cinco países, a saber: Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. El Tratado General de Integración Económica Centroamericana, en su origen estableció en sus artículos primero y segundo los objetivos que deberían ser

alcanzados:

“Artículo I. Los Estados contratantes acuerdan establecer entre ellos un mercado común que deberá quedar perfeccionado en un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigencia de este tratado. Se comprometen además a constituir una unión aduanera entre sus territorios.

Artículo II. Para los fines del artículo anterior, las Partes contratantes se comprometen a perfeccionar una zona centroamericana de libre comercio, en un plazo de cinco años y adoptar un arancel centroamericano uniforme en los

 

términos del Convenio Centroamericano sobre equiparación de Gravámenes a la importación”2. Los ideales políticos de los líderes centroamericanos, empezaban a ser institucionalizados, a través del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que en su esencia presentaba objetivos ambiciosos.

En efecto, entre los objetivos iniciales, en 1960, los países centroamericanos ya se proponían a establecer una zona de libre comercio, una unión aduanera y un mercado común. De ahí, según señala VAZQUEZIV [IV]. “El principio General era basado en la garantía de libertad de circulación a todos los productos, básicos o manufacturados, originario de cualquiera de los países miembros, concediéndoles además el tratamiento nacional”3.

 

LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MCCA

La estructura institucional del MCCA prevista para la aplicación del Tratado General, en 1960 tenía los siguientes órganos:

a) El Consejo Económico Centroamericano: Está encargado de la ejecución de las resoluciones del Comité de Cooperación Económica del Istmo centroamericano, referentes a la integración económica y supervisión de los trabajos del Consejo Ejecutivo. El Consejo Económico está compuesto por los Ministros de Economía de los países miembros.

 

b) El Consejo Ejecutivo: Es el encargado de la aplicación y administracióndel Tratado General, de la resolución de los problemas que se han suscitado con motivo de las disposiciones del Tratado, realizar las gestiones que tengan por objeto, alcanzar la unión económica de Centroamérica, y proponer a los gobiernos la suscripción de convenios multilaterales, que fuesen necesarios para alcanzar la integración económica centroamericana, incluyéndose la unión aduanera entre sus territorios. Estaba integrado por funcionarios de los países miembros. Cada país miembro nombraba a un “funcionario propietario” y a un suplente.

 

c) La secretaría Permanente: Está encargada, de velar por el cumplimiento de las decisiones de los otros órganos y por la aplicación de todos los tratados, que estuviese directa o indirectamente relacionados con la integración centroamericana. Era por lo tanto, el órgano administrativo del MCCA. Se contempló un Secretario General, que presidiría los trabajos de la Secretaría. Dicho Secretario General, sería elegido por el Consejo Económico Centroamericano para un período de tres años.

La estructura institucional del MCCA, presenta la forma clásica, de las organizaciones internacionales, tiene alguna similitud con la estructura de la Comisión Económica Europea y el MERCOSUR. Es decir tiene: un órgano directivo, un órgano ejecutivo y una secretaría. En este sentido, el tratado constitutivo, puede utilizar los términos que los legisladores juzguen oportunos para nombrar sus instituciones.

 

PROBLEMAS INTERNOS DEL MCCA.

El MCCA no consiguió realizar plenamente sus objetivos por múltiples razones durante más de dos décadas. Entre esas razones están:

 

a) La escasez de recursos y de oportunidades de expansión del mercado regional.

b) Escasa vinculación entre países en lo que se refiere a la infraestructura limítrofe.

c) Inestabilidad política en algunos de los miembros del MCCA, entre otras.

d) La falta de preparación de Recursos Humanos, áreas técnicas, para universitarios en toda Centroamérica

 

VAZQUEZ señala: “Que la guerra entre Honduras y el Salvador en 1969 produjo la más grave crisis en el MCCA, puesto que desorganizó todo el procedimiento de integración que tan laboriosamente había sido implementado y que además, conllevó a la separación de facto de Honduras del proceso integracionista”4. A partir de esa década, las necesidades económicas de los países miembros, derivadas del imperativo del desarrollo industrial, acabaron forzando a los acomodamientos que han dado un nuevo impulso en la integración centroamericana.

 

En 1972, fue firmado una serie de acuerdos entre los cincos países miembros, donde quedó aprobado por los Ministros de Economía, el principio y los lineamientos generales de una reestructuración del mercado común

Centroamericano. Las décadas de setenta y ochenta, fueron caracterizadas por innumerables dificultades económicas e inestabilidad política en el Salvador y Nicaragua.

 

El MCCA, vuelve a retomar sus objetivos en la década de los noventa. De acuerdo con un informe de la Conferencia de Naciones Unidas, para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), los objetivos actuales del MCCA, son:

 

a) El establecimiento de una zona de libre comercio.

b) La creación de una unión aduanera.

c) Una unión económica de cooperación en las áreas monetaria y financiera.

d) El desarrollo de una red de infraestructura para facilitar los flujosde inversión dentro de la región, además, se pretende una política comercial, común, frente a terceros países, de la defensa de los precios de los productos básicos de exportación tradicional. En junio de 1990, fue adoptado el Plan de Acción económica para Centroamérica. (PAECA), donde los presidentes de los países miembros del MCCA, proclamaban la revitalización de la integración económica en Centroamérica. En 1993, se estableció la zona de libre comercio entre el Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, siendo acordado un arancel externo común con cuatro subaranceles que varían del 5 al 20%.

En febrero de 1993, los países miembros del MCCA y Panamá, renovaron su compromiso hacia la integración regional, a través de la constitución de una nueva organización llamada, Sistema de Integración Centroamericana (SICA). El Sistema de Integración Centroamericana, es un sistema de concertación política y

 tiene por objetivo fundamental, buscar la integración de Centroamérica y asegurar a la región, un espacio de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.

En octubre de 1993, fue firmado el Protocolo de Guatemala, cuyo principal objetivo fue el establecimiento de una unión aduanera. Dicho Protocolo, representa un programa destinado a la modernización del Tratado General de Integración Económica de 1960, además de un compromiso por parte de sus miembros en el sentido de alcanzar una Unión Económica Centroamericana de modo gradual, voluntario y progresivo.

Importante tener en cuenta, algunos de los principales acuerdos alcanzados:

a) La XV Cumbre Presidencial de agosto de 1994, donde se decidió conducir

el bloque las negociaciones comerciales del SICA con terceros países o regiones.

b) La XVI Cumbre Presidencial de marzo de 1995, donde se firmó el llamado “Tratado de Integración Social” que objetiva garantizar a la población centroamericana el acceso a loa servicios básicos e incorporar a la sociedad civil en el proceso de integración.

C) La XVII Cumbre Presidencial de diciembre de 1995, donde se estableció el

Tratado sobre Seguridad Democrática en América Central. La estructura institucional del Sistema de Integración Centroamericana, no contempla normas referentes al medio ambiente, ni las que se refieren al movimiento de trabajadores. Con arreglo al ámbito laboral, la meta existe como objetivo a ser alcanzado a largo plazo. De este modo, se opera la transición del MCCA al nuevo Sistema de Integración Centroamericana, y se renueva el interés por la integración en el istmo centroamericano.

El SICA dispone de relativas atribuciones supranacionales, en el sentido estricto del laudo del tribunal arbitral, que tiene efecto de cosa juzgada, para todos los países miembros, conforme el artículo XXVI del Tratado General de 1960. Es decir, que los países miembros han optado, por la transferencia de soberanía a la organización en materia de laudos arbitrales, pero no se creó instituciones supranacionales.

Como objetivos del SICA se pueden señalar los siguientes:

a) “Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los derechos humanos.

b) Concretar un nuevo modelo de seguridad regional, sustentando en un Equilibrio de un balance razonable de fuerzas Armadas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas. Se planteó la desmilitarización en todo el área, adecuada a sus posibilidades. (Ejemplo, la Guerra de MISILES EN NICARAGUA.)

c) Impulsar un régimen amplio de libertad, que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su conjunto.

d) Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos.

e) Alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero centroamericano.

f) Fortalecer la región como bloque económico para inventario victorioso en la economía internacional.

g) Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la región, en su conjunto, en el ámbito internacional.

h) Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los países miembros y de la región en su conjunto.

i) Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente por medio del respeto y armonía con la naturaleza, asegurando el equilibrado desarrollo y explotación racional de los recursos naturales del área, con miras al establecimiento de un Nuevo Orden Ecológico en la región.

j) Conformar el Sistema de la Integración Centroamericana sustentado en un ordenamiento institucional y jurídico, y fundamentado asimismo en el respeto mutuo entre los países miembros.

 

CRISIS DEL MCCA

Puede observarse en el cuadro anterior, con bastante claridad que en cada país las, etapas de los graves conflictos comerciales en el MCCA, se dieron en el período comprendido entre (1965 y 1985). Según se refleja, en la Revista de la Integración para el desarrollo, del Banco Centroamericano de Desarrollo.

Las causas específicas de los severos conflictos dentro del Mercado Común Centroamericano, se pueden observar en varios desfases.

Durante la primera etapa del proceso integracionista, los conflictos estallaron como consecuencia del desarrollo desigual en los balances comerciales  intrarregionales. Después de la entrada en vigencia de las condiciones de libre comercio, se evidenció que el intercambio sin obstáculos de bienes provocó las disparidades, comerciales y económicas dentro de la comunidad. Mientras que los países asociados relativamente desarrollados- Guatemala y el Salvador, lograron convertir su superioridad económica, en crecientes superávit comerciales, los países asociados económicamente más débiles- Honduras, Nicaragua y Costa Rica- tuvieron que enfrentar balances cada vez más deficitarios.

La creciente polarización del comercio intrarregional tuvo grandes consecuencias económicas y psicológicas, las cuales condujeron al surgimiento de tensiones. Crecieron las disparidades económicas, los países en que ese momento tenían un balance comercial positivo, pudieron ampliar sus ventajas en el mercado, mientras que los países con déficit, debieron enfrentar graves obstáculos económicos en su desarrollo. Por otro lado, se tomaron superávit comerciales, como criterios para una participación ventajosa en el proceso integracionista, mientras que los déficit se miraron negativamente y como una pérdida de estatus.

En 1969 el potencial conflictivo, basado en el desarrollo desigual de los balances comerciales, se manifestó a través de tres graves crisis regionales, provocadas ellas por Honduras (1965/66), Costa Rica (1967) y Nicaragua (1968/69). El gráfico, pone en evidencia, que las confrontaciones se desencadenaron siempre en los años cuando los balances comerciales intrarregionales, presentaban tendencias negativas muy marcadas.

En el caso de la guerra entre el Salvador y Honduras, en julio de 1969, un factor conflictivo determinante, lo conforman los cambios estructurales verificados en el

intercambio bilateral de bienes, causados asimismo por la integración. Estos cambios, fueron de gran importancia, tanto económicamente como psicológicamente y constituyen junto con los factores territoriales y demográficos, un elemento conflictivo de relevante significado. Sin la creación del Mercado Común Centroamericano no hubiera habido un incremento tan marcado de las disparidades económicas, como pasó en realidad y no se hubiera creado un potencial conflictivo tan explosivo.

Contradictoriamente con lo pretendido, El Salvador se desarrollo como un país exportador de productos industriales, mientras que Honduras, aprovechando la expansión horizontal de los Mercados, permaneció como un país proveedor de productos primarios, transformándose en un mercado para productos industriales elaborados. Este desarrollo era directamente contradictorio a una posible primera fase de una industrialización e importación de productos sustitutos en Honduras y puso en peligro los intereses vitales de la industria nacional de este país.

Durante los años 70, se puede observar que los conflictos se centraron en el intercambio de ciertos rubros de productos. Entre estos productos denominados “sensitivos”, se encuentran: calzado, textiles y ropa. En todos los países del Mercado Común Centroamericano, el proceso de industrialización tuvo como base fundamental la producción nacional de esos productos, razón por la cual los gobiernos mantuvieron un interés especial en la protección comercial de esta industria. Cada modificación del equilibrio comercial en este sector, llevó a reacciones muy sensibles a nivel político, incluyendo el riesgo de confrontaciones

interestatales.

Tanto en el caso de las confrontaciones con Costa Rica (1972/72), como con Nicaragua (1974/77), el punto de partida para estas confrontaciones, lo constituyeron los cambios en el comercio con los “productos sensitivos”.

Hubo agudos conflictos comerciales en los años 70, además, los conflictos interestatales dentro del MCCA se vincularon a través de efectos multiplicadores y efectos de reacoplamiento. Es a partir de la guerra entre el Salvador y Honduras, con todos los cambios estructurales que trajo como consecuencia, que se originan los conflictos multilaterales, los cuales incluyeron sobre el sistema de relaciones comerciales, hecho que condujo nuevamente a las confrontaciones. Así se logra demostrar que, al existir agrupaciones funcionales, como se encuentran en el

Mercado Común Centroamericano, las cuales tienen su base sobre todo el intercambio comercial, se forman interdependencias entre los agudos conflictos y la estructura de las relaciones comerciales.

En los años 80 se registraron cambios fundamentales, tanto en lo que respecta a los sujetos de conflicto, como en relación con los países involucrados. Hasta este momento las confrontaciones fueron provocadas por los asociados económicamente más débiles y se basaron primeramente en las disparidades del intercambio comercial y como consecuencia directa de la integración. Después, esas condiciones generales llevaron a que los conflictos, hasta ahora, se enfocarán más desde la perspectiva de los movimientos intrarregionales de pago y así en los países relativamente más fuertes.

A raíz de la crisis económica y los problema relacionados con las balanzas de pago y de divisas, todos los países de la región reaccionaron sensiblemente ante cualquiera de los retrasos en los pagos intrarregionales. Esto es especialmente válido para Guatemala, el país que pasó a ser acreedor económicamente fuerte. Entre 1983 y 1985, el gobierno guatemalteco intentó seguidamente forzar el pago de las deudas en la importación de los países asociados, utilizando para ello una serie de variadas medidas restrictivas. Lo anterior trajo como resultado marcadas tensiones interestatales y abiertas guerras comerciales.

La escalada entre tensiones y agresiones se puede evidenciar con el ejemplo de la guerra entre el Salvador y Honduras, además, con los acontecimientos que adelantaron este conflicto de las relaciones bilaterales del comercio, se puede decir, que primero se desencadenó una discusión de índole académica en las universidades, concretamente en lo que respecta a la estructura del intercambio de bienes. Posteriormente vinieron las campañas aparecidas en la prensa contra la política exportadora de ambos países, las cuales fueron seguidas por difamaciones públicas y un boicot importado.

Las tensiones se agudizaron con la ruptura de las relaciones económicas y diplomáticas, algunas escaramuzas en la frontera y confrontaciones militares, que culminaron en una guerra. Era evidente también que, más que el objeto conflictivo era el peso económico lo que vino a determinar el desarrollo de los conflictos. Entonces los países asociados, como es el caso de los conflictos provocados por Costa Rica (1967 y 1971/72), intentaron evitar la escalada; mientras que en los conflictos, partiendo de Honduras (1965/66) y Nicaragua (1968/69 y 1974/79), no se pudo observar tal disposición de compromiso. Aparentemente los miembros del MCCA tuvieron más interés en mantener relaciones de buena vecindad con Costa Rica, que con las economías débiles de Honduras y Nicaragua.

El desarrollo de los agudos conflictos comerciales dentro del Mercado Común Centroamericano, puso en evidencia el peligro conflictivo que parte de las disparidades en el intercambio intrarregional de bienes. Por eso, no son solamente los efectos económicos, sino también las consecuencias psicológicas de los cambios estructurales relacionados a la integración, las que pueden crear conflictos.

Los miembros perjudicados vieron derrotadas sus ilusiones de una industrialización nacional y de una tendencia niveladora de las diferencias en el desarrollo dentro de la región. Varias veces los efectos negativos de la liberalización comercial se miraron por parte de los gobiernos afectados como una pérdida de estatus, frente a los otros países de la comunidad. El esfuerzo de tendencias nacionalistas en las poblaciones, tensiones interestatales creciendas y una disposición cada vez más grande de solucionar conflictos con medidas militares fueron las consecuencias.

Una reactivación del MCCA desde el punto de vista de la política de paz solamente parece prometedora si:

- “Se lograran evitar los efectos polarizadores, que inciden en las relaciones de libre comercio, ello a través de nuevas formas económicas e institucionales de la integración económica.

- No se contradijeran las metas nacionales del desarrollo y las metas de integración regional.

- Se aceptara el principio de la distribución recíproca de las ganancias.

- Las instituciones científicas de observación y análisis de los cambios económicos y sociales lograran involucrarse más que hasta la fecha en el proceso integracionista, como medida para descubrir lo más temprano posible las tendencias conflictivas.

- Se crearan instituciones supranacionales con autoridad ejecutiva, que logren garantizar arreglos sostenidos de los conflictos”6.

 

ESCALADAS DE LAS TENCIONES BILATERALES ENTRE EL SALVADOR Y

HONDURAS EN JUNIO / JULIO 1969

Fuentes: Keesings Archiv Der Gegenwart, 1969. p. 1478oc y 4854.

Rowles, 1980 y Anderson, 1981.

Fuente: Revista de Integración para el Desarrollo de Centroamérica Banco

Centroamericano de Integración Económica Volumen # 48.

8.6 El primer partido de calificación para la copa mundial en Tegucigalpa termina ganando Honduras. Después del partido se dan riñas contra el equipo salvadoreño y los aficionados y manifestaciones anti- salvadoreñas. Estos acontecimientos sirven como pretexto para que los medios de comunicación salvadoreña intensifiquen las tendencias nacionalistas en ese país.

15.6 El segundo partido en Salvador lo gana el Salvador. Otra ves se dan disturbios. Esta vez contra los jugadores y aficionados hondureños. A pesar de que sí hubo heridos, fueron totalmente exagerados los “informes de testigos” que salieron en la prensa hondureña.

16.6 Como reacción ante los disturbios, el Gobierno hondureño decretó la expulsión inmediata de todos los salvadoreños que vivían ilegalmente en el país. Al mismo tiempo, se decretó el estado de emergencia en todo el país y se comenzó con la movilización general. La propaganda contra los inmigrantes manejado por el estado llevó a un gran número de ataques contra los pobladores salvadoreños. Miles se regresaron huyendo al el Salvador.

22.6 El Salvador ganó el partido decisivo en la ciudad de México y como primer país participa en la copa mundial de fútbol.

24.6 La prensa salvadoreña denomina como “genocidio” la política migratoria hondureña. Como reacción el Salvador cierra la frontera con el país vecino y así queda obstaculizado el regreso de los refugiados a su país patria. Esta medida significa, además, el cierre de las relaciones económicas entre ambos países.

26.6 El presidente salvadoreño, Fidel Sánchez Hernández, declara la ruptura de las relaciones diplomáticas con Honduras.

3.7 La situación se agrava con una escaramuza cerca de El Poy. Se dice que una avioneta militar hondureña bombardeó un puesto fronterizo de el Salvador. Con la parte salvadoreña respondió el fuego. Se puede observar una concentración masiva de tropas en ambos lados de la frontera.

14.7 Estalla la guerra: Tropas salvadoreñas invaden el territorio hondureño. El ejército hondureño se defiende en un ataque inesperadamente fuerte y también ataca territorio salvadoreño.

Por Vladimir Alfaro - Publicado en: HISTORIA DE EL SALVADOR
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Monday 21 march 1 21 /03 /Mar 16:00

B) SEGUNDA FASE: EL AUTORITARISMO DE REFORMA ESTRUCTURAL MODERNIZANTE.

GOBIERNO DEL GENERAL FIDEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

La principal estrategia del candidato Sánchez Hernández del PCN fue presentarse como el protector del país contra el comunismo, concentrándose en el candidato del PAR., Fabio Castillo. La prensa reforzó la estrategia del PCN al presentar a Fabio Castillo como comunista y transmitir reportajes especiales del levantamiento campesino de 1932, en los que se enfatizaba la manipulación de los campesinos por parte de los comunistas. Con esta estrategia, los militares se presentaron como los salvadores del país y paladines de la democracia, amenazada por el “comunismo internacional”. Sánchez ganó las elecciones con una amplia ventaja. La estrategia electoral del PCN comenzó a fracasar en las elecciones municipales y legislativas de 1968. El PDC ganó 78 alcaldías y logró un número importante de escaños en la Asamblea Legislativa. Esto incrementó las presiones derechistas contra Sánchez Hernández, particularmente cuando éste declaró en la inauguración del congreso sobre reforma agraria de 1970, que esta reforma era una necesidad. Como contrapeso a su retórica reformista, Sánchez realizó acciones que mostraban su identificación con los intereses oligárquicos: nombró al coronel José Alberto Medrano como comandante de la Guardia Nacional, el puesto de comando más poderoso dentro del sistema de seguridad y la posición más involucrada en la represión cotidiana de las organizaciones populares campesinas. A finales de 1967, el presidente Sánchez y el coronel Medrano presionaron a la elite agraria a financiar la expansión de ORDEN, aludiendo que era necesario para combatir al comunismo y como algo consistente con la propia experiencia histórica de El Salvador, una afirmación que era, en ese contexto, una referencia a los eventos de 1932. El nuevo partido oficial, la constitución política de 1962 que ligeramente modificó la de 1950, la ley de representación proporcional que posibilitó el crecimiento de los partidos de oposición y su participación en la Asamblea Legislativa, la elección presidencial de 1967, la autonomía universitaria y el desarrollo del sindicalismo urbano, indican, para todo el período que estamos analizando una liberalización del régimen autoritario y un incremento de la participación política. Por otra parte, el aumento en el valor de las exportaciones, el crecimiento industrial, la Alianza para el Progreso, el desarrollo del Mercado Común Centroamericano y el crecimiento económico hicieron posible una respuesta relativamente suficiente a las demandas de distribución de la época. En 1967 y 1968 estallaron, sin embargo, algunas huelgas importantes. El régimen resultante del golpe de 1961, conducido por el coronel Rivera hasta 1967 y posteriormente por el entonces coronel Sánchez Hernández, continuó el modelo establecido por Osorio, consiguiendo estabilidad mediante la adopción de una política flexible de cambiante grado y forma de represión y concesiones económicas según las exigencias políticas del momento. Se permitió una considerable mayor libertad de actividad política en formas que se consideraban inocuas mientras el proselitismo de izquierdas en el campo se reprimió rígidamente y violentamente. En esta etapa, los procedimientos e instituciones de gobierno evolucionaron en la dirección de permitir mayor pluralismo y participación. La base social del régimen político cambió al incorporarse al sistema las clases medias. Sin embargo, la incorporación de las clases medias no significó una disminución correspondiente del poder de la oligarquía cafetalera. La oligarquía cafetalera dejando de ser casi exclusivamente cafetalera para modernizarse con las posibilidades ofrecidas por el Mercado Común Centroamericano se convirtió en gran burguesía rural-industrial-financiera, y ella también incrementó su poder. Este incremento burgués hegemónico unido al de las clases medias proporcionó al régimen una base social más amplia. El gobierno del general Fidel Sánchez Hernández tuvo problemas de orden social, debido a los desajustes y a las tensiones que estaban incubándose. Su íntimo amigo y Ministro de Educación Walter Béneke, puso en práctica una reforma educativa, que fue muy combatida. A mediados del período presidencial de Sánchez Hernández, el Mercado Común centroamericano hizo crisis. Honduras alegaba que no había tenido beneficios proporcionales en las ventajas de intercambio. Por otra parte, en ese país se ensayaba una reforma agraria que en su desarrollo encontró una manera fácil de favorecer al campesino nacido en honduras: despojó a los salvadoreños que tenían hasta 40 años o más de poseer esas parcelas. Algunos de tal despojos tuvieron caracteres violentos. Los medios de comunicación social salvadoreños, aumentaron la magnitud de la tragedia. Todo el pueblo salvadoreño ardía en deseos de ir a socorrer a sus hermanos. El ejército estaba al lado del pueblo y ambos presionaron al presidente Sánchez Hernández, que hacía los mayores esfuerzos para resistir dichas presiones, creyendo que tenía capacidad para evitar el conflicto armado. Las presiones lo arrollaron y tuvieron que ir a la guerra, el 14 de julio de 1969. Al comienzo de la década de los 70’, El Salvador, era un país agrario, pobre, y con profundas desigualdades en la distribución de la riqueza. Su economía estaba basada en el cultivo y exportación de café, algodón y caña, y el proceso de industrialización incipiente padecía crecientes dificultades a consecuencia de la ruptura del Mercado común Centroamericano, crecimiento demográfico, vivienda, educación, salud y desempleo eran agudos problemas sociales. Además, desde 1969, la movilización popular posibilitada por la liberalización precedente, el crecimiento de los partidos políticos de oposición, el desarrollo de los sindicatos obreros industriales, los movimientos de maestros y estudiantes, el surgimiento de las organizaciones populares campesinas de masas y la concientización social de un sector de la iglesia católica coincidieron con la crisis económica, agudizada por la guerra contra Honduras, y la mocionada ruptura del Mercado común Centroamericano al que El Salvador exportaba bienes industriales y fuerza de trabajo. Ante esta situación, el gobierno militar y la fuerza armada concibieron una estrategia político-económica, que algunos académicos bautizaron como “modernización capitalista en el marco de la seguridad nacional”. La estrategia del régimen se orientó, en definitiva, a dar una alternativa económica reformista, congelando la crisis política mediante el autoritarismo. Esta estrategia se reflejó en los últimos años de la presidencia de Sánchez Hernández. En 1970, Sánchez convocó el primer congreso de reforma agraria. En la apertura de la sesión de la nueva asamblea legislativa en ese mismo año, anunció planes para impulsar leyes agrarias que redistribuirían las tierras ociosas. La primera medida específica en esta línea fue la ley de avenamiento y riego, la cual facultaba al estado utilizar terrenos privados en aras del interés público. Miembros airados de la elite agraria respondieron que el gobierno estaba retrocediendo y estaba sirviendo a la “causa comunista”. Incluso hubo rumores de golpe de estado para bloquear la aplicación de la ley. Numerosas acciones de izquierda a finales de 1970 y en 1971 reforzaron la percepción de la elite agraria de que el gobierno estaba abandonando sus funciones anticomunistas. La concurrida marcha en el funeral del líder del Partido Comunista de El Salvador (PCS), Raúl Castellanos Figueroa, mostró el amplio apoyo popular que tenía la izquierda organizada, a pesar del hecho que el PCS estaba excluido legalmente de la política. En enero de 197, el industrial Ernesto Regalado Dueñas, heredero de dos de las familias más poderosas del país, fue secuestrado y asesinado. Los secuestradores, miembros de una célula de lo que llegó a ser el Ejército revolucionario del Pueblo (ERP), pidieron un millón de dólares por el rescate, pero fueron incapaces de recolectarlo. Las frustraciones y el descontento de la extrema derecha se incrementaron cuando, en julio de 1971, la asociación magisterial ANDES llevó a cabo una huelga, apoyada por masivas manifestaciones de miembros de los sectores medios, campesinos, estudiantes y pobladores de tugurios de San Salvador. Muchas de las manifestaciones se tornaron violentas y ocasionaron serios daños a edificios públicos y comerciales. A pesar de que PRDEN y las fuerzas de seguridad respondieron con violencia, la impresión que quedó fue la de u gobierno que no tenía el control total de la situación. El descontento de la oligarquía cafetalera tomó forma electoral en 1972, cuando el nuevo Frente Unido Democrático Independiente (FUDI) postuló al general Medrano como su candidato presidencial. Medrano fue el candidato del sistema en 1932, u oficial que entendía, al igual que Martínez en el momento de la insurrección campesina, el rol apropiado para las fuerzas armadas y el Estado. El apoyo lectoral de Medrano no sólo provino de la oligarquía. Por lo menos la mitad de ORDEN apoyó a Medrano. Otro opositor electoral de los militares fue el PDC, que se había unido al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y al comunista Unión democrática Nacionalista (UDN), formando la coalición Unión Nacional opositora (UNO. La coalición postuló al Ing. José Napoleón Duarte como candidato a la presidencia y a Guillermo Manuel Ungo como vicepresidente. La UNO ganó probablemente con una considerable mayoría de votos. Los reportes de las áreas rurales mostraban al PCN al frente de la votación, pero en las áreas urbanas la mayoría de votos los acaparaba la UNO. El CCE bajo la presidencia del abogado José Vicente Vilanova, suspendió el recuento de votos y declaró ganador al candidato Arturo Armando Molina del PCN, al día siguiente de las elecciones. El ex capitán del ejército Francisco Emilio MENA Sandoval afirma que una reunión tuvo lugar en el cuartel de la Tercera Brigada tan pronto se supo que la UNO estaba ganando en el ámbito nacional. En la reunión se puso en marcha un plan para modificar las papeletas de votación y asegurar que el candidato oficial ganara en el recuento oficial de votos. El fraude electoral significó para muchos la bancarrota del gobierno militar y del PCN. De hecho, el fraude, vino a frustrar las aspiraciones de las fuerzas opositoras progresistas, de posibilitar el cambio social a través de medios pacíficos y democráticos. El sistema de partidos se deslegitimó y se crearon condiciones para el surgimiento y el desarrollo de organizaciones populares y movimientos insurgentes que desde ese momento buscaban la transformación del país fuera de los marcos institucionales y legales, privilegiando la vía armada para lograr sus objetivos de justicia y democracia. GOBIERNO DEL CORONEL ARTURO ARMANDO MOLINA Durante la administración de Molina, los dilemas inherentes al modelo de 1948 llegaron a ser especialmente agudos. Al igual que Osorio y Rivera, Molina buscó unir sus acciones y posturas anticomunistas con una expansión del rol del Estado en la economía, con especial énfasis en la modernización y estabilización del capitalismo en El Salvador, promoviendo la industrialización y el mejoramiento de las condiciones sociales de vida de la población. El Plan de Desarrollo Económico y Social, 1973-1977, de Molina, proponía ejercer un mayor control sobre los productos de agro-exportación y hacia la pequeña y mediana empresa. El plan incluía la expansión de “zonas francas” para las industrias maquiladoras, préstamos internacionales para inversiones productivas, incremento de la industrialización por sustitución de importaciones, restricciones a las importaciones del Mercado Común Centroamericano (MCCA), promoción del turismo y regulación de la inversión extranjera con el fin de evitar su penetración en los sectores estratégicos de la economía. Algunos componentes del plan iban dirigidos hacia la corrección de los problemas de distribución del ingreso: el gobierno proponía usar la política fiscal, leyes de salario mínimo, seguridad social y reforma agraria para incrementar los ingresos y el bienestar de las clases pobres. Molina creó el Consejo Nacional de Planificación (CONAPLAN), bajo la dependencia directa de la presidencia, para implementar estas medidas. CONAPLAN fue transformado posteriormente en Ministerio de Planificación. El gobierno incrementó su control sobre la economía a través de la expansión de las regulaciones estatales del mercado del café y la creación de una Junta Monetaria para regular el flujo de dinero. El gobierno realizó prestamos para invertir en nuevos sectores de la agricultura, cooperativas, pequeños y medianos negocios y otras empresas. Estas medidas fueron acompañadas por u incremento del control militar de agencias estatales que previamente habían sido controladas por civiles, tales como el Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial (INSAFI), el Banco Central de Reserva (BCR), la Compañía Salvadoreña de Café, La Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y varias otras. Estas nuevas agencias controladas por militares llevaron a que se incrementara la corrupción en el gobierno. Algunos de los directores llegaron a ser millonarios en poco tiempo y comenzaron a adquirir mayores cuotas de poder, grandes mansiones y autos lujosos. En 1972 CONAPLAN produjo un plan de desarrollo agrícola que proponía una redistribución de las tierras con el fin de aumentar los ingresos de las familias campesinas. Contenía medidas para estabilizar el limitado acceso a la tierra a la vez que estipulaba una mayor asistencia técnica para apoyar el desarrollo empresarial de pequeños y medianos agricultores. El gobierno publicó anuncios en los periódicos para buscar apoyo a estas iniciativas y convocó a un seminario sobre reforma agraria en 1973 para miembros del ejército, y en el cual prominentes expertos internacionales harían presentaciones. En julio y agosto de 1973, los diputados de la asamblea legislativa viajaron a Perú para evaluar la experiencia de la reforma agraria en ese país. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) respondió negativamente a esta propuesta y publicó una contrapropuesta para incrementar y normalizar la disponibilidad de créditos para los agricultores, lo cual en teoría haría posible aumentar la utilización y productividad de tierras ociosas. La propuesta de ANEP incluía la no realización de una reforma agraria y acusó al Estado por la incoherencia de liderazgo y por intervenir en el mercado. Molina cedió rápidamente a esta y otras objeciones del sector privado y de las fuerzas armadas. A finales de 1973, la mayoría de oficiales responsables de la planificación de la reforma renunciaron abruptamente y fueron remplazados por individuos estrechamente identificados con los intereses más conservadores de la elite agraria. El problema principal de Molina para realizar las transformaciones que se había propuesto, era la ausencia de aliados en el sector privado que las apoyaran. En realidad dos factores conspiraron contra la intervención estatal para corregir el problema agrario del país: el aumento de poder de las fracciones conservadoras dentro de la Fuerza Armada y el fracaso de dos décadas de política industrial para crear una elite industrial y comercial frente e independientemente de la oligarquía agraria. Además de la ausencia de aliados en el sector privado, Molina enfrentó a una cada vez más poderosa y autónoma tendencia de línea dura dentro del ejército, reforzada por el sistema interno de seguridad que había sido creado con asistencia norteamericana durante los 60’ y 70’. Con el apoyo de esta tendencia, las elites empresariales lograron bloquear, en 1976, el segundo intento de Molina para realizar una transformación agraria. En junio de 1975, fue creado el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), como organismo ejecutor de la reforma. A mediados de 1976, el gobierno decidió ejecutar un primer Proyecto de Transformación Agraria. Esta reforma concebida y promocionada como un seguro de vida para la burguesía oligárquica y principio de liberación económico-social para las mayorías pobres, chocó contra la resistencia de las organizaciones corporativas de la empresa privada, que percibieron un intervencionismo estatal, que afectaba el régimen de propiedad agraria, como amenaza e injerencia intolerable. Se declaró así un agudo conflicto entre el gobierno militar y las gremiales empresariales.

c) Tercera fase: el autoritarismo conservador de estructura modernizante. GOBIERNO DEL GENERAL CARLOS HUMBERTO ROMERO

La llegada al poder del general Carlos Humberto Romero (1977 – 1979) significó el establecimiento de un proyecto puramente represivo, abandonando ya todo intento reformista. En su discurso inaugural, el general Romero reafirmó su voluntad de establecer “el orden, la paz y la seguridad”, como fundamento para cualquier tipo de programa o reforma. Su lema propagandístico “bienestar para todos”, representaba una fachada. Los civiles conservadores esperaban del general Romero que neutralizara rápidamente a la oposición de izquierda y suspendiera definitivamente los intentos reformistas de sus predecesores. La campaña presidencial de Romero recibió grandes cantidades de dinero de las organizaciones conservadoras del sector privado, incluyendo a la ANEP y el Frente Agropecuario de la Región Oriental (FARO), que había conducido la oposición contra la reforma agraria de Molina. El sector privado había pagado literalmente la presidencia de Romero y esperaba que él actuara de acuerdo a sus deseos. Los hechos históricos prueban que Romero llenó esas expectativas y realizó una extensa e intensa represión. Una terrible violencia estatal se desató bajo la presidencia de Romero, a pesar de que hubo breves períodos en los que la intensidad de la violencia disminuyó. Romero permitió significativas aperturas políticas entre agosto y noviembre de 1977, inmediatamente después de su toma de posesión, y otra vez de enero a marzo de 1979, en un período de intensa vigilancia internacional por el respeto a los derechos humanos. Además, a pesar de las presiones de la elite social conservadora para impulsar una guerra sucia contra la izquierda, Romero no dio cartas blancas a las fuerzas de seguridad para tal acción. Irónicamente, las fuerzas de seguridad tuvieron que esperar a que Romero fuera derrocado por un golpe de estado realizado por jóvenes oficiales reformistas para realizar el baño de sangre que la derecha civil y los oficiales de línea dura creían que era necesario para alcanzar la estabilidad política. El período comprendido entre su elección y la toma de posesión, probó ser extremadamente peligroso para sus oponentes. Ocho días después de las elecciones fraudulentas del 20 de febrero de 1977, fuerzas gubernamentales dispararon contra un vigilia de protesta realizada en el centro de San Salvador. La protesta había iniciado el 21 de febrero con una marcha encabezada por el coronel Claramount, el candidato de la Unión Nacional Opositora (UNO). Entre 40 mil y 60 mil personas asistieron a la marcha; posteriormente, una vigilia fue organizada en la Plaza Libertad. Alrededor de la media noche del 28 de febrero, efectivos de la Guardia Nacional, el ejército y la Policía de Hacienda rodearon la plaza y ordenaron a las 6 mil personas congregadas en el lugar, que se dispersaran. Claramount, pidió a los 2 mil manifestantes restantes que permanecieran reunidos juntos, alrededor de la iglesia El Rosario, cantando el Himno Nacional. Las Fuerzas gubernamentales, inmutables, abrieron fuego. Lo que sucedió después es todavía confuso, cientos de los que intentaron escapar por la única calle que no estaba bloqueada por los efectivos militares, fueron capturados y, aparentemente algunos de ellos fueron asesinados. Testigos vieron alrededor de 160 cadáveres ser colocados en camiones y trasladados fuera de la plaza; por lo menos 15 personas que intentaron escapar fueron asesinadas, y testimonios de segunda mano refieren haber visto 100 cadáveres en los hospitales públicos de la ciudad. Algunos reportes dicen que las fuerzas de seguridad dispararon por más de cuatro horas. Estación fue una clara y sangrienta señal a la oposición política de que la era de competencia electoral y apertura política estaba concluida. La reacción inmediata del movimiento popular frente a la masacre, fueron demostraciones espontáneas de protesta en San Salvador y Santa Ana. Las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), uno de los grupos guerrilleros, se autocriticaron por no haber coordinado mejor la respuesta popular; las organizaciones guerrilleras y sus organizaciones populares asociadas se beneficiaron de la bancarrota del sistema electoral y del sistema de partidos en la medida que una gran cantidad de personas abandonó los partidos políticos convencionales y se unió al movimiento popular y guerrillero, en los meses siguientes. Un alto nivel de represión y violencia se produjo en el período comprendido entre la masacre del 28 de febrero y la toma de posesión de Romero. El jesuita y párroco de Aguijares, Rutilio Grande, fue emboscado y asesinado junto con un anciano y un joven catequista. Entre el 20 de febrero y comienzos de abril, cerca de 300 personas fueron arrestadas y 130 desaparecidos en lo que pareció ser un plan de exterminio de figuras claves de la oposición, la mayoría asociadas a la UNO. El 1° de mayo fue ametrallada la marcha organizada por los trabajadores para conmemorar el día del trabajo. El 11 de mayo, otro sacerdote, Alfonso Navarro Oviedo, junto con un joven de 15 años, fue ametrallado en su parroquia, en San Salvador. La Unión Guerrera Blanca (UGB), que era el nombre del escuadrón de la muerte utilizado por la Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad de El Salvador (ANSESAL), se responsabilizó por el asesinato. Los asesinatos de San Salvador fueron seguidos por la ocupación militar de la ciudad de Aguijares, en la cual 50 personas fueron asesinadas y tres sacerdotes extranjeros fueron arrestados y deportados. El 20 de junio, cuando aún Romero no había tomado posesión, la Unión Guerrera Blanca ordenó a los 50 jesuitas que trabajaban en El Salvador, a abandonar el país o ser ejecutados inmediata y sistemáticamente. Los miembros de la oligarquía odiaban a los jesuitas por haber “traicionado” a las clases altas. Tanto la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) como el Colegio Externado San José, administrados por jesuitas y donde se habían educado los hijos de las familias ricas, habían jugado un papel prominente en la promoción de la teología de la liberación, la educación popular y la reforma agraria. El trabajo pastoral y organizativo que los jesuitas habían desarrollado en el área de Aguijares había fortalecido ala Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS) y posteriormente al Bloque Popular Revolucionario (BPR). La UCA había sufrido daños en su infraestructura por bombas colocadas por fuerzas de seguridad en 1976, pero las amenazas a muerte representaban una escalada mayor. El aumento de la represión provocó respuestas por parte de la izquierda. Antes de las elecciones de febrero, el Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP) había secuestrado al presidente del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Roberto Poma, y demandó la liberación de presos políticos y un rescate por 6 millones de colones, condiciones que el gobierno aceptó. En abril, las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) secuestraron al ministro de relaciones exteriores, Mauricio Borgonovo Pohl, y demanda la liberación de 37 activistas (7 de ellos miembros del FPL) que habían sido capturados por los militares. La familia Borgonovo, una de las más ricas del país, negoció con los secuestradores y ofreció a las FPL, un rescate, que de acuerdo a un excombatiente de la guerrilla, “podría haber financiado la guerra por tres años más”. Al final, las FPL, rechazaron el rescate y volvieron a su demanda original de liberación de prisioneros políticos. Cuando el gobierno rechazó la propuesta, la guerrilla ejecutó a Borgonovo. Tanto Borgonovo como Poma representan el tipo de capitalistas modernizantes que habrían apoyado medidas reformistas. Sus asesinatos contribuyeron a cerrar la posibilidad de que una fracción moderada fuerte pudiera emerger y consolidarse hegemónicamente dentro del sector privado. Una vez que Romero tomó posesión el 1° de julio de 1977, la intensidad de la violencia cambió abruptamente. Las formas más brutales de violencia estatal disminuyeron en las áreas urbanas y permanecieron en niveles bajos por cerca de 4 meses, a pesar de que la guerrilla, en septiembre, aumentó los asesinatos, secuestros, ataques a puestos gubernamentales y actividades de propaganda. Nadie seriamente podría haber afirmado que la disminución de la violencia represiva obedecía a un compromiso de Romero para reducir la violencia del Estado. Por el contrario, la disminución obedecía a presiones internacionales. Sin embargo, en las áreas rurales la violencia gubernamental continuó como antes. Ataques similares a los de Aguilares, ocurrieron en diversas áreas de Chalatenango, Morazán, San Vicente y Cabañas, con reportes de detenciones, desapariciones y asesinatos después de estas operaciones. Las presiones internacionales estaban dirigidas hacia los puestos de alto nivel del gobierno, y primariamente a la cabeza del Estado. La reducción de la represión, que va desde la elección de Romero hasta su toma de posesión, permitió a la izquierda incrementar sus actividades de protesta. El Bloque Popular Revolucionario (BPR) realizó una marcha el 30 de julio para conmemorar la masacre de estudiantes en 1975. Hasta finales de año, el BPR y el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU) habían realizado 13 manifestaciones callejeras y 11 huelgas en varias partes del país. Las huelgas afectaron al sistema de generación eléctrica del río Lempa, así como a fábricas de textiles, de ropa, embotelladoras, minas y la construcción del nuevo aeropuerto en Comalapa. Ante esta situación el gobierno anunció la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público el 25 de noviembre de 1977. La ley suspendía las garantías constitucionales y facultaba a las fuerzas de seguridad para realizar arrestos arbitrios y les daba poderes para detener a manifestantes, sindicalistas y otros sospechosos de ser “subversivos”. La ley permaneció en vigencia durante un año, proporcionando cobertura legal a las acciones arbitrarias de los cuerpos de seguridad. En lugar de centrarse en las organizaciones guerrilleras, las fuerzas de seguridad arrestaron y en muchos casos desaparecieron a sindicalistas, estudiantes, maestros y activistas de partidos de oposición, sin considerar si los capturados o desaparecidos pudieran ser considerados razonablemente como una amenaza para el Estado. Esta situación de alguna manera abonó a favor de las organizaciones guerrilleras de la izquierda, ya que la represión gubernamental hizo que muchos miembros de las organizaciones populares y de los sindicatos optaran por la lucha armada, fortaleciendo a los grupos insurgentes. Las organizaciones populares respondieron a la represión estatal a través del vandalismo y el sabotaje económico. Sus miembros comenzaron a portar armas, en un proceso llamado “pistolización”, que representó la primera etapa en la formación de las milicias, las cuales estuvieron dedicadas inicialmente a la autodefensa de los manifestantes y de las organizaciones populares, pero que rápidamente se convirtieron en instrumento auxiliar de los operativos guerrilleros. En los trece meses que estuvo vigente la Ley del Orden Público se incrementaron los secuestros de prominentes empresarios. El 14 de mayo de 1978, Ernesto Sol Meza y Luis Méndez Novoa fueron secuestrados por las FPL. Sol Meza fue rescatado por 4 millones de dólares y Méndez Novoa por 100 mil. El 17 de mayo, la Resistencia Nacional (RN) secuestró al industrial japonés Fugio Matsumoto y demandó la liberación de presos políticos por su rescate. Fue encontrado muerto en octubre. En agosto la Resistencia Nacional secuestró a Schel Bjork, ejecutivo sueco, demandando, entre otras cosas, la publicación de un manifiesto en periódicos de Suecia, Japón, Panamá y Costa Rica. En noviembre y diciembre fueron secuestrados un ejecutivo de la Phillips, dos banqueros británicos y un empresario japonés, pidiendo por su rescate la publicación de manifiestos políticos y la liberación de presos políticos. En enero de 1979, fue secuestrado Ernesto Liebes, presidente la más grande firma exportadora de café. Su familia no pudo rescatarlo antes de la fecha límite para entregar el dinero exigido por los secuestradores. Fue encontrado muerto en marzo. En febrero el caficultor Jorge Álvarez fue secuestrado, constituyéndose en la vigésimo segunda persona victima secuestrada en menos de 20 meses. La estrategia de los secuestradores fue enormemente remunerativa para las guerrillas. La Resistencia Nacional informó haber captado 36 millones de dólares en rescate, hasta principios de 1979. Los secuestros tuvieron un efecto devastador en la elite económica del país y de la comunidad internacional de negocios. Varios prominentes capitalistas y ejecutivos abandonaron el país, y muchas embajadas extranjeras retiraron a su personal. La vulnerabilidad de la elite salvadoreña a los secuestros y asesinatos, incrementó la vehemencia con la que las clases altas demandaban a la Fuerza Armada que controlara la situación. Las acciones de la izquierda y el evidente fracaso de la Ley del Orden Público dividieron al sector empresarial. A finales de 1978, algunos dirigentes industriales y comerciales empezaron abrigar dudas sobre la eficacia de la campaña represiva de los militares, aunado a su preocupación de sus costos, en términos de ayuda internacional e inversión, y su resentimiento por la posición privilegiada que tenían los representantes de los intereses agrarios dentro del Estado. Desde 1978 hasta la caída de Romero, empresarios, principalmente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), sostuvieron reuniones con el clero, incluyendo a los jesuitas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y el arzobispo Oscar Arnulfo Romero; con políticos del Partido Demócrata Cristiano y del socialdemócrata Movimiento Nacional Revolucionario (MNR); y con oficiales del ejército, entre los que se encontraban capitanes reformistas y coroneles descontentos con la situación. En las reuniones se discutían reformas políticas y económicas para superar la crisis. Mientras líderes empresariales moderados sostenían estas reuniones furtivas para discutir propuestas de reformas y de salida a la crisis, las fracciones agrarias conservadoras estaban tomando medidas para asegurar que se elevara la cuota de represión. Miembros de la elite agraria organizaron actividades de escuadrones de la muerte en sus áreas locales, con personal proveniente de las fuerzas de seguridad, reforzadas por mercenarios privados. El Escuadrón de la Banda del Carro Rojo operó en Berlín bajo el mando de un civil llamado Fredy Portillo; otro escuadrón operó en los alrededores de la ciudad de Usulután bajo el mando del comandante de la Sexta Brigada, Coronel Elmer González Araujo; y otro operó en Santiago de María bajo el mando del dentista Héctor Regalado. Actividades similares tuvieron lugar en San Miguel y Santa Ana. Una intensa colaboración se desarrolló entre civiles y comandantes militares que actuaban como padrinos de escuadrones de la muerte. Representantes de varias familias agrarias conservadoras se acercaron al presidente Romero con el propósito de organizar y fundar una red secreta que operara en el ámbito nacional para llevar a cabo una guerra sucia de amplia escala contra la izquierda, similar a la que se realizó en Argentina durante los setenta. Proponían específicamente que el mayor Roberto D’Abuisson de ANSESAL, comandara la operación. D’Abuisson era ampliamente conocido como un protegido del general José Alberto Medrano, exhombre fuerte de la Guardia Nacional y quien había organizado ORDEN y suprimido la organización sindical a finales de los sesenta, Romero rechazó el ofrecimiento. También miembros de la oligarquía comenzaron a cultivar el apoyo entre los jóvenes oficiales del ejército. Mientras en el pasado las familias poderosas habían dependido de sus vínculos con oficiales de alto rango de la Fuerza Armada, entre 1977 y 1978 empezaron a sostener reuniones con oficiales jóvenes en las que les ofrecían oportunidades lucrativas. Estos oficiales eran vulnerables a tales ofrecimientos porque la mayoría de ellos provenía de familias pobres y recibían bajos salarios. Esta estrategia de la derecha conservadora sólo en parte fue exitosa y mostró las dificultades que esta fracción tenía en establecer vínculos con oficiales jóvenes, a los que no podía comprar de la misma forma como lo había hecho con los coroneles. En este contexto de inestabilidad y violencia, se desarrollaron los planes para realizar un golpe de Estado. En uno de los complots estaban vinculados ultraderechistas que respondían a la opinión predominante dentro del sector privado y las fuerzas de seguridad de que Romero era muy “suave” y sin capacidad para controlar la situación. En esta conspiración estaban involucrados el excomandante de la Guardia Nacional, Ramón Alvarenga, el viceministro de defensa, Eduardo Iraheta, y un grupo de civiles ultraderechistas. Las familias Hill y Regalado estaban involucradas, así como un grupo de jóvenes empresarios que habían organizado un grupo de extrema derecha llamado Movimiento Nacional Salvadoreño (MNS). En el otro plan golpista estaban involucrados los coroneles de las tandas de 1956, 1957 y 1958, dirigidos por Carlos Eugenio Vides Casanova y Guillermo García. Este plan estaba motivado principalmente por intereses generacionales, reforzado por la preocupación sobre la capacidad de Romero para mantener el orden. Los conspiradores habían estado asociados con el régimen de Molina, a pesar de que todos ellos se habían distanciado de sus propósitos de reforma agraria. Ninguno de estos movimientos golpistas fue exitoso. El teniente coronel René Guerra y Guerra empezó a reclutar oficiales reformistas en noviembre de 1978. Hacia marzo o abril de 1979, los jóvenes oficiales decidieron formar un movimiento para planear y ejecutar un golpe de Estado. En su agenda acordaron que las fuerzas de seguridad deberían ser desmanteladas después del golpe, o por lo menos, ser separadas de la fuerza armada en función de romper la espiral de represión y asesinatos, se acordó enjuiciarlos y castigarlos. El principal problema del general Romero era que su gobierno no tenía legitimidad política. No había sido electo legítimamente y estaba claro que no era un líder prominente dentro de las fuerzas armadas. El PCN casi estaba completamente desarticulado, especialmente en las áreas rurales, donde había sido ampliamente desplazado por los elementos paramilitares ORDEN y las patrullas cantorales. Lo mejor que pudo hacer Romero para posponer su derrocamiento fue aminorar las criticas de los sectores que él pensaba representaban la mayor amenaza a su gobierno. La intensificación de la represión durante 1978 no sólo fracasó en eliminar a las organizaciones guerrilleras, sino que las potenció numéricamente, al radicalizar a muchos miembros de las organizaciones populares y propiciar así su opción por la lucha armada. Las aperturas políticas a finales de 1977 y principios de 1979, en ausencia de otras medidas para ganar legitimidad política, sólo propiciaron las acciones de huelgas y ocupaciones de edificios públicos por parte de las organizaciones populares y el incremento de los ataques de la guerrilla contra los grandes empresarios y las fuerzas de seguridad. El 18 de mayo de 1979, en un último esfuerzo por conseguir apoyo político, Romero convocó a los partidos políticos, a los estudiantes, a la iglesia a los trabajadores, a los profesionales y a otros grupos “legalmente reconocidos”, a unirse al gobierno en un Foro Nacional para discutir los principales temas políticos y sociales y buscar salidas a la crisis nacional. La propuesta se derrumbó cuando la mayor parte de la oposición legal rechazó participar, formando en su lugar un Foro Popular que incluía a los demócratas cristianos, al Movimiento Nacional Revolucionario y la Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños (CUTS). En julio de 1979, la dinastía de Somoza en Nicaragua colapsó, agudizando la preocupación de los oficiales del ejército salvadoreño y de la elite empresarial sobre la posibilidad de que el gobierno de Romero pudiera caer por una revolución popular. El fracaso de un Foro Nacional, además del creciente aislamiento internacional, creó los paralelos obvios con el declive de Somoza. A principios de septiembre, Romero intentó otra línea de acción, al anunciar que al anunciar que su sucesor como presidente sería un civil. Esta idea, que fue bien recibida por la embajada de los EE.UU. no fue bien vista en los círculos militares. Las altas esferas de los cuerpos de oficiales estaban todavía firmemente comprometidas con el régimen militar, además de que las tandas que estaban en los rangos altos esperaban tener la oportunidad de gobernar en el futuro. Los oficiales también se preocuparon de que el presidente civil podría nombrar a un civil como ministro de defensa.

Por Vladimir Alfaro - Publicado en: HISTORIA DE EL SALVADOR
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Wednesday 29 september 3 29 /09 /Set 04:43

 

En Izalco, en el departamento occidental de Sonsonate, a 65 kilómetros de la capital, los rasgos INDÍGENAs y el acento particular de la lengua "nahuatl" son también testigos de un pasado remoto que se niega a desaparecer. 

La matanza fue perpetrada durante varios días de enero de 1932 por las fuerzas militares del gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, quien persiguió a los INDÍGENAs por organizarse en el Partido Comunista y hacer reivindicaciones sociales. 
En la masacre, que se conmemora cada 22 de enero, murieron unos 30.000 INDÍGENAs, según datos históricos. 
"No somos como el garrobo (reptil parecido a la iguana), que le sale una cola cuando se la cortan; la vida se nos va para siempre y entonces nosotros tenemos que aprender a vivir", dijo Ramón Esquina, de 92 años, INDÍGENA sobreviviente de la matanza, quien ayer, sábado, dio su testimonio en los actos de conmemoración de la masacre. 
Cristina Ramírez, de 93 años, con su rostro moreno lleno de arrugas, recordó cómo se resistió ante la prohibición del gobierno de Hernández Martínez (1931-1944) de usar el típico vestido INDÍGENA de las mujeres: el refajo. 
Doña Cristina no renunció a este atuendo: todavía viste la falda tejida de hilo de vivos colores y la camisa de manta, y un lazo que le sujeta sus abundantes canas. 
"Yo regresaba de Guatemala cuando todo pasó y mis amigas me decían que no usara el refajo porque me iban a matar; hasta una de ellas se ofreció a acompañarme a comprar un vestido, yo le dije que iba a ir yo sola a comprarlo, pero en mi mente me decía a mí misma que yo no le debía nada a nadie", dijo la anciana. 
Sus palabras fluyeron con facilidad a pesar de la edad: "en ese entonces nadie pateaba la calle, no se miraban hombres, los mataron a todos; a otros, pobres, se los llevaron capturados". 
"Otra amiga me contó que sus hijos estaban ahí, nada más almorzando, llegaron los soldados y `pan`, !pan! los mataron sin preguntar nada", comentó. 
Ramírez aseguró que muchos cadáveres fueron quemados por los militares. 
Hijilio Marciano Ama, de 92 años, hermano del líder INDÍGENA Feliciano Ama, recordó los hechos de 1932 con un poco de turbación, hasta que alcanzó a pronunciar: "`todos se murieron!". 
Feliciano Ama nació en 1881 y murió linchado por un grupo de ladinos pro gubernamentales, pero luego fue colgado de un árbol con un lazo para dar la impresión de que había muerto ahorcado, el 28 de enero de 1932. 
El Museo de la Palabra y la Imagen, uno de los organizadores de los actos conmemorativos, montó en Izalco una instalación con fotos de la época, que muestran decenas de cadáveres de hombres apilados en las calles de piedra. 
En el jardín de lo que fue el campanario de la iglesia del pueblo, decenas de INDÍGENAs recordaron ayer a sus antepasados con una ceremonia de fuego y tambores. Al fondo, un montón de flores se apilaban bajo un altar en honor de Feliciano Ama. 
En una pared de la calle principal de Izalco una pintada en letras negras estaba fresca: "`Feliciano Ama vive!". 
En esa calle creció Ricardo Armando Rodríguez, de 64 años, quien aseguró que cuando tenía diez años, debido a una nueva construcción, cerca de la iglesia fueron encontradas muchas osamentas. 
Su vecino, Alejandro González, de 75 años, no recordó con exactitud cómo ocurrió la matanza, pero lamentó que ahora no le enseñen a los niños en la escuela lo que sucedió. 
A las autoridades "no les interesa". 

LA MASACRE INDÍGENA 

Con el auge del café, propagándose rápidamente, se fortalecía la clase social gobernante, aliada con los capitales extranjeros y condenaba a la explotación y a la miseria a los pueblos indígenas. La gran depresión mundial de 1929 devastó la economía salvadoreña, totalmente dependiente del café. Se produjo un colapso del mercado, afectando aún más la situación de las clases populares. El salario en el campo fue reducido. 

El descontento llegó a un punto crítico en la zona de Sonsonate, donde se asentaron las bases de una gran revuelta indígena. Los trabajadores se organizaban en un movimiento popular de gran empuje. La Federación Regional de Trabajadores de El Salvador, creada en 1924, llegó a contar 75,000 afiliados, con el objetivo de luchar por la tierra y el aumento de salarios. 

Se organizaron los movimientos indígenas, con el objeto de luchar contra el alto precio de los alquileres de la tierra y por una ley que librara de la expropiación por deudas, la violación a los derechos humanos, la injusticia e impunidad de la fuerza armada y de los funcionarios del gobierno, asimismo porque les devolvieran las tierras que les habían expropiado con el pretexto de impulsar el cultivo del café. La fuerza armada y la policía fueron reorganizados. Hubo despidos en masa. 

Durante el período del dictador Maximiliano Hernández Martínez, en enero de 1932 se produjo un levantamiento insurgente indígena. Los pueblos de Tacaba, Juayúa, Ataco, Sonsonate, Santa Ana, Ahuachapán, Izalco, Cuisnahuat, Santo Domingo de Guzmán, Nahuizalco, y otras, fueron los campos de batalla entre los indígenas y los efectivos de la fuerza armada. El movimiento duró más de 72 horas, fue controlado por la fuerza armada con la colaboración de los terratenientes que también participaron en las masacres de los indígenas en diferentes lugares del occidente del país. Este comenzó capturando a las personas involucradas en la insurrección indígena y terminó persiguiendo, torturando y matando a toda aquella persona que vistiera, tuviera rasgos físicos y hablara nuestro idioma indígena. 

Se estima que el número de muertos durante este levantamiento fue de 30,000 personas, en donde murieron ladinos, indígenas obreros y soldados del ejército del gobierno. El movimiento insurreccional indígena contó con la presencia de los pueblos indígenas, se destacó como líder nato en la lucha por la justicia y la paz, el cacique de Izalco, José Feliciano Ama. 

El paternalismo predominaba en Izalco y después de las autoridades locales, el cacique era el personaje más respetado de toda la comarca. Ama fue apresado cuando los efectivos de la fuerza armada y los terratenientes reconquistaron la ciudad de Izalco. Linchado por un grupo xenofóbico de terratenientes, efectivos de la fuerza armada y miembros de la dictadura de Martínez, que pedía venganza y golpeado hasta matarlo. Luego colgaron su cadáver. 

JOSÉ FELICIANO AMA: EL LÍDER DE LA INSURRECCIÓN INDÍGENA 

El héroe nacional José Feliciano Ama, nació en Izalco, Depto. de Sonsonate, en 1881, y murió linchado por una turba enardecida y xenofóbica de ladinos, pro-dictadura y terratenientes, luego fue colgado de un árbol con un lazo, para dar la impresión que había muerto ahorcado el 28 de enero de 1932. 

Usaba cabello corto, bigote y barba bien recortada, vestía camisa y pantalón de manta, caites de cuero y sombrero de palma, fue un hombre humilde, respetuoso, de voz apacible, firme y convincente, no hablaba mucho castellano sino en su lengua natal —el náhuat—, trabajó de jornalero, gustaba sembrar maíz negro, era devotamente cristiano, querido y apreciado por los demás indígenas. Casado con Josefa, hija de Patricio Shupan, quien era mayordomo principal de la cofradía del Corpus Christi y a la vez cacique de Izalco. Feliciano Ama recibió de su suegro respaldo y apoyo, él lo ayudaba a recibir a los mandaderos de la cofradía, recolectar las ofrendas y lo acompañaba a las reuniones importantes. Patricio Shupan murió a causa de un sorpresivo fortísimo dolor de estómago en 1917, luego de asistir a un almuerzo en la residencia presidencial con uno de los presidentes de la dinastía Meléndez-Quiñónez, Carlos Meléndez. 

Para esos años Patricio Shupan ya reclamaba la expropiación de las tierras comunales que el gobierno le había arrebatado a los indígenas, la expropiación de éstas por parte del gobierno, el maltrato inhumano y la extrema explotación de que eran víctima los indígenas fue la semilla de la discordia que desembocó en la insurrección indígena y en donde la fuerza armada cometió el peor etnocidio del siglo XX. Fueron masacrados más de 30 mil indígenas; este hecho histórico es conocido y denominado por los historiadores gobiernistas como los “sucesos de 1932”. Al fallecer Shupan, en 1917, Ama se convirtió en el cacique de los indígenas de Izalco y dirigente de la cofradía, constituida en su totalidad por indígenas. Continuó él la demanda por la devolución de las tierras comunales, la denuncia y la condena por la violación de los derechos humanos cometida contra su pueblo. 

EL PCS INTENTA APROVECHAR LA SITUACIÓN 

Mario Zapata y Alfonso Luna, jóvenes universitarios, al enterarse de los preparativos de la insurrección indígena liderada por el cacique Feliciano, llegaron a Izalco como dirigentes del Partido Comunista de El Salvador(PC), con el interés de aprovechar políticamente la situación con el propósito de que el PCS tomara la dirección. Pero era ya demasiado tarde, Feliciano y los otros dirigentes indígenas tenían previsto el levantamiento y al PCS no le quedó otra opción que adherirse a la revuelta indígena. En la noche del 22 de enero de 1932, Feliciano Ama ingresó a Sonsonate con centenares de indígenas, pero en la madrugada llegó gente extraña al movimiento, proveniente de Juayúa y ésta hizo destrozos, mataron al alcalde, cometieron acciones vandálicas y toda la responsabilidad se la atribuyeron injustamente al líder indígena Feliciano Ama, quien luego se replegó a unos huatales en las afueras de Izalco. 

Los ladinos comenzaron a pedir su cabeza y desarrollaron un racismo paranoico. La misión de atrapar a José Feliciano Ama fue encomendado a Cabrera, comandante de la guarnición de Izalco y reconocido como un matón que odiaba a los indígenas. Él salió con varios perros hacia los alrededores de Izalco, iba con varias decenas de soldados armados “hasta los dientes” vestidos de “paisano” y cuando llegaron al lugar donde se encontraba el líder indígena, lo emboscaron, lo capturaron y amarrado se lo llevaron. a la alcaldía. Ama gritaba: ¡Vivan los indígenas!, ¡las tierras son nuestras¡ Con su asesinato quisieron de esta forma apagar su voz por la justicia. Feliciano quedó suspendido de una ceiba frente a la Iglesia de la Asunción, como ejemplo de lo que le podía suceder a todo aquel que reclamara lo que le habían robado los terratenientes y los altos funcionarios
de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez y de otros gobernantes anteriores.  

AGUSTIN FARABUNDO MARTI, UN REVOLUCIONARIO DE LA PATRIA GRANDE.

 



La distribución balsamera de El Salvador comprende una faja de terreno llamada “Cordillera del Bálsamo”, que se extiende entre los puertos de Acajutla y La Libertad en la llamada Cadena Costera, internándose hacia la cuidad de Apaneca, aproximadamente unos 20 kilómetros de la costa principalmente en el departamentos de La Libertad y Sonsonate. Los municipios conocidos como principales productores de bálsamo de primera clase son San Julián, Santa Isabel Ishuatán, Cuisnahuat, Izalco, Chiltiupán y Teotepeque. Precisamente en Teotepeque, La Libertad, nació, el 5 de mayo de 1893 Agustín Farabundo Martí. 

Hijo de Pedro Marti y Socorro Rodríguez. Sexto hijo de un total de 14, Agustín creció en medio de las faenas agrícolas. Se recibe de bachiller en 1913, a los 20 años de edad de un colegio salesiano e ingresa a la Universidad Nacional en la carrera de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

Sus primeras acciones políticas lo ubican trabajando contra el régimen oligárquico de las familias Meléndez-Quiñónez, dinastía que gobernará El Salvador por cruentos 14 años. Por organizar un acto en apoyo a la Asociación de Estudiantes Unionistas, grupo guatemalteco que exigía el fin de la dictadura de Estrada Cabrera en ese país, es encarcelado en Zacatecoluca. En 1920 es depor-tado a Guatemala y allí continua sus estudios en la Universidad de San Carlos. 

En Guatemala estudia y trabaja. Como simple obrero, jornalero o peón, aprende a compartir el sufrimiento de los explotados. En un país, donde la mayoría de la población es indígena, Martí se compromete con sus luchas e incorpora conocimientos de la lengua quiche. Siendo perseguido por los dueños de las plantaciones de café, Farabundo debe partir temporariamente a México, donde se relaciona con el movimiento obrero y estudia la revolución agrarista de 1910. 

En 1925, se funda en Guatemala el Partido Comunista Centroamericano. El surgimiento del partido tuvo su origen en el interés de intelectuales y obreros guatemaltecos en dar continuidad al primer movimiento político de izquierda que se inició en la década de 1920, el cual fue vital para la caída del dictador Manuel Estrada Cabrera. El gobierno dictatorial de Jorge Ubico se encargó de aplastar la organización; no obstante, se puede considerar la primera manifestación de la clase obrera por lograr su organización política. Martí ocupó allí el cargo de secretario del exterior del Partido Comunista Centroamericano..

Es deportado a El Salvador, y de El Salvador a Nicaragua por ordenes del presidente Alfonso Quiñónez. A los pocos días regresa clandestinamente a El Salvador a seguir organizando a los trabajadores. Desde 1925 hasta 1928 Martí trabaja junto a la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador. 

En 1928 Marti viaja a New York, donde toma contacto con la dirección central de la Liga Antiimpe-rialista de las Américas, que le encargará viajar a Nicaragua como su representante ante Augusto César Sandino. De los Estados Unidos partirá hacia Las Segovias a luchar junto al “General de Hombres Libres”, con él, alcanza el grado de coronel del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Farabundo Martí mostró en los hechos su arrojo antiimperialista, tanto con el fusil como con la pluma. Fue miembro del Estado Mayor Internacional de Sandino, y Secretario Privado del héroe nicaragüense. En ocasión que los invasores yanquis bombardeaban persistentemente las posicio-nes sandinistas, Martí, en actitud de coraje y decisión, dejó la máquina de escribir para empuñar el fusil, diciendo indignado: "cuando la historia no se puede escribir con la pluma, se escribe con el rifle". Acto seguido se parapetó en la enramada de un árbol de la selva para abrir fuego contra los aviones yanquis. 


Tiempo más tarde, ya en México, Martí pasa a ser líder latinoamericano del Socorro Rojo Internacional. Esta organización había nacido en los años veinte por impulso de la III Internacional para enfrentar al fascismo entonces incipiente. Entre sus dirigentes formaron parte mujeres antifascistas tan conocidas como la alemana Clara Zetkin, la italiana Tina Modotti y la rusa Elena Stasova. El Socorro Rojo Internacional entronca, entonces, directamente con la historia del movimiento comu-nista y antifascista internacional, alcanzando pronto un gran desarrollo en todo el mundo, en el apoyo político, jurídico y económico a todos los presos políticos y perseguidos, sin diferencias ideo-lógicas o partidistas. 

En 1930 Martí regresa a El Salvador y funda junto a otros compañeros el Partido Comunista Sal-vadoreño, partido que rápidamente se pone a la cabeza de los trabajadores y campesinos, descontentos con los regímenes oligárquicos de entonces. Sufriendo deportaciones y persecuciones Farabundo liderizará la insurrección popular de 1932. 

Aquel año, El Salvador presenta una administración corrupta, una sociedad en crisis, un pueblo descontento y una economía casi en quiebra, derivada de los bajos precios internacionales del café y de los efectos de la Gran Depresión estadounidense de 1929. El 2 de diciembre de 1931, el corrupto e incapaz régimen del Partido Laborista, encabezado por el ingeniero Araujo, fue derrocado para asumir la presidencia el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien lo detentará por espacio de trece años, hasta mayo de 1944. 

Los comicios fraudulentos de enero del ’32 fueron el factor detonante del estallido social. Varios sitios de votación fueron suspendidos en poblaciones en las que el Partido Comunista tenía fuerte presencia. La insurrección comenzaba. 

Los días 18 y 19 se produjeron frustrados asaltos al Cuartel de Caballería por las fuerzas insurrectas. El gobierno decreta el Estado de Sitio y la ley marcial. Se implanta la censura estricta en la prensa. 

Los siguientes días los alzamientos y combates se suceden en todo El Salvador. Miles de campesinos, obreros y trabajadores, portando machetes y algunos pocos fusiles “Mauser” asaltan cuarteles, guarniciones policiales, oficinas municipales, telégrafos, almacenes y fincas de terratenientes. 

Las “tartamudas” del Ejército y la Guardia Nacional no se hacen esperar. Entre los días 24 y 25, las fuerzas militares gubernamentales entran en Nahuizalco, Juayúa, Ahuachapán y Tacuba. Mientras tanto, los norteamericanos e ingleses movilizaban buques de guerra para prestar apoyo al general Hernández Martínez; proponiéndole un desembarco de tropas en La Libertad para ayudar en la represión. Con toda la soberbia del dictador sanguinario, Hernández Martínez, una vez que se cerciora del éxito de las “Operaciones de Pacificación”, envia a los almirantes yanquis e ingleses un telegrama que con el siguiente texto: 
“En saludo a honorables comandantes declaramos situación absolutamente dominada fuerzas gobierno El Salvador. Garantizadas vidas propiedades ciudadanos extranjeros acogidos y respetuosos leyes de la República. La paz está establecida en El Salvador. Ofensiva comunista deshechada sus formidables núcleos dispersos. Hasta hoy cuarto día de operaciones están liquidados cuatro mil ochocientos comunistas”. 

La insurrección había sido barrida a sangre y fuego. El 31 de enero, un consejo de guerra presidido por el general Manuel Antonio Castañeda juzgó y condenó a Agustín Farabundo Martí y a los líderes estudiantiles Alfonso Luna Calderón y Mario Zapata a morir fusilados en el Cementerio General de San Salvador, previo traslado desde sus celdas en la Penitenciaría Central. Allí cayeron, bajo las balas asesinas del pelotón de fusilamiento, con la dignidad de los héroes revolucionarios, Farabundo Martí y sus compañeros. 

Según distintos historiadores el saldo de la rebelión de 1932 fue de entre 5000 a 30.000 muertos. El viernes, 5 de febrero, en “El Diario de El Salvador” aparece el siguiente titular en primera plana: "Los Cadáveres Sepultados a Escasa Profundidad son un Peligro para la Salud. Los cuervos, cerdos y gallinas los desentierran para luego devorarlos". Y sigue la macabra crónica: “Actualmente en el departamento de Sonsonate y en muchos lugares de Ahuachapán y algunos de Santa Ana la carne de cerdo ha llegado a desmerecerse de tal manera, que casi no tiene valor. Por el mismo camino va la de res y las aves de corral. Todo se debe a que los cerdos comen en grandes cantidades la carne de los cadáveres que en los montes han quedado. La gente, por intimación, se está negando también a comer la carne de res y aves de corral. Desde luego, ellos tienen razón; pero en cambio, esta industria está sufriendo fuertes golpes”. A la oligarquía salvadoreña sólo le pre-ocupaba los “fuertes golpes que estaban sufriendo los empresarios”. 

Sheila Candelario, en su obra “Patología de una insurrección; la Prensa y la matanza de 1932”, cita el siguiente comentario: "El alzamiento del 32 dejó profundas huellas en la conciencia de todos los salvadoreños. La población india prácticamente dejó de ser la misma como resultado de la matanza, sobre todo porque de ahí en adelante existió el temor de mostrarse como 'indio'. El idioma, la vestimenta y las costumbres de los indios pasaron a ser formas peligrosas de identificarse y fueron reemplazadas por otras menos evidentes...". 

Farabundo Martí vive hoy en la lucha del pueblo salvadoreño. Revolucionario cabal, patriota de la Patria Grande, salvadoreño, centroamericano y latinoamericano caribeño, Farabundo es un ejemplo de constancia, sacrificio y solidaridad. Allí está él, junto a Sandino, Bolívar, San Martín, Morazán, Artigas y tantos otros. Es seguro que, en el próximo triunfo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se lo verá a él, confundido y alegre con el pueblo salvadoreño, festejando, sonriendo y también dispuesto a comenzar nuevos combates. Porque como bien dijo el poeta cu-bano: “Y colosal se eleva y borda con mil estrellas Farabundo”. 


La distribución balsamera de El Salvador comprende una faja de terreno llamada “Cordillera del Bálsamo”, que se extiende entre los puertos de Acajutla y La Libertad en la llamada Cadena Costera, internándose hacia la cuidad de Apaneca, aproximadamente unos 20 kilómetros de la costa principalmente en el departamentos de La Libertad y Sonsonate. Los municipios conocidos como principales productores de bálsamo de primera clase son San Julián, Santa Isabel Ishuatán, Cuisnahuat, Izalco, Chiltiupán y Teotepeque. Precisamente en Teotepeque, La Libertad, nació, el 5 de mayo de 1893 Agustín Farabundo Martí. 

Hijo de Pedro Marti y Socorro Rodríguez. Sexto hijo de un total de 14, Agustín creció en medio de las faenas agrícolas. Se recibe de bachiller en 1913, a los 20 años de edad de un colegio salesiano e ingresa a la Universidad Nacional en la carrera de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

Sus primeras acciones políticas lo ubican trabajando contra el régimen oligárquico de las familias Meléndez-Quiñónez, dinastía que gobernará El Salvador por cruentos 14 años. Por organizar un acto en apoyo a la Asociación de Estudiantes Unionistas, grupo guatemalteco que exigía el fin de la dictadura de Estrada Cabrera en ese país, es encarcelado en Zacatecoluca. En 1920 es depor-tado a Guatemala y allí continua sus estudios en la Universidad de San Carlos. 

En Guatemala estudia y trabaja. Como simple obrero, jornalero o peón, aprende a compartir el sufrimiento de los explotados. En un país, donde la mayoría de la población es indígena, Martí se compromete con sus luchas e incorpora conocimientos de la lengua quiche. Siendo perseguido por los dueños de las plantaciones de café, Farabundo debe partir temporariamente a México, donde se relaciona con el movimiento obrero y estudia la revolución agrarista de 1910. 

En 1925, se funda en Guatemala el Partido Comunista Centroamericano. El surgimiento del partido tuvo su origen en el interés de intelectuales y obreros guatemaltecos en dar continuidad al primer movimiento político de izquierda que se inició en la década de 1920, el cual fue vital para la caída del dictador Manuel Estrada Cabrera. El gobierno dictatorial de Jorge Ubico se encargó de aplastar la organización; no obstante, se puede considerar la primera manifestación de la clase obrera por lograr su organización política. Martí ocupó allí el cargo de secretario del exterior del Partido Comunista Centroamericano..

Es deportado a El Salvador, y de El Salvador a Nicaragua por ordenes del presidente Alfonso Quiñónez. A los pocos días regresa clandestinamente a El Salvador a seguir organizando a los trabajadores. Desde 1925 hasta 1928 Martí trabaja junto a la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador. 

En 1928 Marti viaja a New York, donde toma contacto con la dirección central de la Liga Antiimpe-rialista de las Américas, que le encargará viajar a Nicaragua como su representante ante Augusto César Sandino. De los Estados Unidos partirá hacia Las Segovias a luchar junto al “General de Hombres Libres”, con él, alcanza el grado de coronel del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Farabundo Martí mostró en los hechos su arrojo antiimperialista, tanto con el fusil como con la pluma. Fue miembro del Estado Mayor Internacional de Sandino, y Secretario Privado del héroe nicaragüense. En ocasión que los invasores yanquis bombardeaban persistentemente las posicio-nes sandinistas, Martí, en actitud de coraje y decisión, dejó la máquina de escribir para empuñar el fusil, diciendo indignado: "cuando la historia no se puede escribir con la pluma, se escribe con el rifle". Acto seguido se parapetó en la enramada de un árbol de la selva para abrir fuego contra los aviones yanquis. 

Tiempo más tarde, ya en México, Martí pasa a ser líder latinoamericano del Socorro Rojo Internacional. Esta organización había nacido en los años veinte por impulso de la III Internacional para enfrentar al fascismo entonces incipiente. Entre sus dirigentes formaron parte mujeres antifascistas tan conocidas como la alemana Clara Zetkin, la italiana Tina Modotti y la rusa Elena Stasova. El Socorro Rojo Internacional entronca, entonces, directamente con la historia del movimiento comu-nista y antifascista internacional, alcanzando pronto un gran desarrollo en todo el mundo, en el apoyo político, jurídico y económico a todos los presos políticos y perseguidos, sin diferencias ideo-lógicas o partidistas. 

En 1930 Martí regresa a El Salvador y funda junto a otros compañeros el Partido Comunista Sal-vadoreño, partido que rápidamente se pone a la cabeza de los trabajadores y campesinos, descontentos con los regímenes oligárquicos de entonces. Sufriendo deportaciones y persecuciones Farabundo liderizará la insurrección popular de 1932. 

Aquel año, El Salvador presenta una administración corrupta, una sociedad en crisis, un pueblo descontento y una economía casi en quiebra, derivada de los bajos precios internacionales del café y de los efectos de la Gran Depresión estadounidense de 1929. El 2 de diciembre de 1931, el corrupto e incapaz régimen del Partido Laborista, encabezado por el ingeniero Araujo, fue derrocado para asumir la presidencia el dictador Maximiliano Hernández Martínez, quien lo detentará por espacio de trece años, hasta mayo de 1944. 

Los comicios fraudulentos de enero del ’32 fueron el factor detonante del estallido social. Varios sitios de votación fueron suspendidos en poblaciones en las que el Partido Comunista tenía fuerte presencia. La insurrección comenzaba. 

Los días 18 y 19 se produjeron frustrados asaltos al Cuartel de Caballería por las fuerzas insurrectas. El gobierno decreta el Estado de Sitio y la ley marcial. Se implanta la censura estricta en la prensa. 

Los siguientes días los alzamientos y combates se suceden en todo El Salvador. Miles de campesinos, obreros y trabajadores, portando machetes y algunos pocos fusiles “Mauser” asaltan cuarteles, guarniciones policiales, oficinas municipales, telégrafos, almacenes y fincas de terratenientes. 

Las “tartamudas” del Ejército y la Guardia Nacional no se hacen esperar. Entre los días 24 y 25, las fuerzas militares gubernamentales entran en Nahuizalco, Juayúa, Ahuachapán y Tacuba. Mientras tanto, los norteamericanos e ingleses movilizaban buques de guerra para prestar apoyo al general Hernández Martínez; proponiéndole un desembarco de tropas en La Libertad para ayudar en la represión. Con toda la soberbia del dictador sanguinario, Hernández Martínez, una vez que se cerciora del éxito de las “Operaciones de Pacificación”, envia a los almirantes yanquis e ingleses un telegrama que con el siguiente texto: 
“En saludo a honorables comandantes declaramos situación absolutamente dominada fuerzas gobierno El Salvador. Garantizadas vidas propiedades ciudadanos extranjeros acogidos y respetuosos leyes de la República. La paz está establecida en El Salvador. Ofensiva comunista deshechada sus formidables núcleos dispersos. Hasta hoy cuarto día de operaciones están liquidados cuatro mil ochocientos comunistas”. 

La insurrección había sido barrida a sangre y fuego. El 31 de enero, un consejo de guerra presidido por el general Manuel Antonio Castañeda juzgó y condenó a Agustín Farabundo Martí y a los líderes estudiantiles Alfonso Luna Calderón y Mario Zapata a morir fusilados en el Cementerio General de San Salvador, previo traslado desde sus celdas en la Penitenciaría Central. Allí cayeron, bajo las balas asesinas del pelotón de fusilamiento, con la dignidad de los héroes revolucionarios, Farabundo Martí y sus compañeros. 


Según distintos historiadores el saldo de la rebelión de 1932 fue de entre 5000 a 30.000 muertos. El viernes, 5 de febrero, en “El Diario de El Salvador” aparece el siguiente titular en primera plana: "Los Cadáveres Sepultados a Escasa Profundidad son un Peligro para la Salud. Los cuervos, cerdos y gallinas los desentierran para luego devorarlos". Y sigue la macabra crónica: “Actualmente en el departamento de Sonsonate y en muchos lugares de Ahuachapán y algunos de Santa Ana la carne de cerdo ha llegado a desmerecerse de tal manera, que casi no tiene valor. Por el mismo camino va la de res y las aves de corral. Todo se debe a que los cerdos comen en grandes cantidades la carne de los cadáveres que en los montes han quedado. La gente, por intimación, se está negando también a comer la carne de res y aves de corral. Desde luego, ellos tienen razón; pero en cambio, esta industria está sufriendo fuertes golpes”. A la oligarquía salvadoreña sólo le pre-ocupaba los “fuertes golpes que estaban sufriendo los empresarios”. 

Sheila Candelario, en su obra “Patología de una insurrección; la Prensa y la matanza de 1932”, cita el siguiente comentario: "El alzamiento del 32 dejó profundas huellas en la conciencia de todos los salvadoreños. La población india prácticamente dejó de ser la misma como resultado de la matanza, sobre todo porque de ahí en adelante existió el temor de mostrarse como 'indio'. El idioma, la vestimenta y las costumbres de los indios pasaron a ser formas peligrosas de identificarse y fueron reemplazadas por otras menos evidentes...". 

Farabundo Martí vive hoy en la lucha del pueblo salvadoreño. Revolucionario cabal, patriota de la Patria Grande, salvadoreño, centroamericano y latinoamericano caribeño, Farabundo es un ejemplo de constancia, sacrificio y solidaridad. Allí está él, junto a Sandino, Bolívar, San Martín, Morazán, Artigas y tantos otros. Es seguro que, en el próximo triunfo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se lo verá a él, confundido y alegre con el pueblo salvadoreño, festejando, sonriendo y también dispuesto a comenzar nuevos combates. Porque como bien dijo el poeta cu-bano: “Y colosal se eleva y borda con mil estrellas Farabundo”. 

Amas antes de ser ah...

 

Por Vladimir Alfaro - Publicado en: HISTORIA DE EL SALVADOR
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